Las primeras asociaciones de agricultores y ganaderos surgieron a finales del siglo XIX como resultado de la
promulgación de la Ley General de Asociaciones de 1887. Durante el Franquismo, las Cámaras Oficiales Agrarias
convivieron con las Hermandades Sindicales Provinciales hasta el año 1947 cuando, mediante Decreto de 18 de abril,
se fusionaron creándose las Cámaras oficiales Sindicales Agrarias (C.O.S.A.).

Las Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos eran organizaciones sindicales creadas bajo el auspicio del régimen de Franco para la protección y asistencia a los agricultores y los ganaderos mediante un conjunto de organismos de rango local, comarcal, provincial y nacional.
Se regulan mediante las siguientes leyes:
LEY de 26 de enero de 1940 sobre Unidad Sindical.
LEY de Bases de la Organización Sindical de 6 de diciembre de 1940.
DECRETO de 17 de julio de 1944 por el que se establece La Unidad Sindical Agraria.
Orden de 27 de enero de 1945 por la que se establecen las normas que han de regir la estructura interna y funciones de las Hermandades Sindicales del Campo.
Orden de 18 de enero de 1949 sobre interpretación de la Presidencia del Gobierno de 23 de marzo de 1945, relativa a funciones de las Hermandades Sindicales.

Más tarde, la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del Derecho de Asociación Sindical, reconoció a todos los ciudadanos la libertad para asociarse con otros de su clase o profesión. España, al suscribir los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, se comprometió a defender el derecho a la libertad de asociación de trabajadores y empresarios para la defensa de sus intereses propios.
Mediante el Real Decreto 1336/1977, de 2 de junio, se crearon Cámaras Agrarias en todo el territorio nacional, ya sea a nivel municipal, provincial o estatal. Esta disposición tenia su razón legal en la autorización contenida en el Real Decreto-ley 31/1977, de 2 de junio, y especialmente en su disposición adicional segunda, b), mediante la que se facultaba al Gobierno para la creación y reconocimiento de Entidades de derecho público en el sector agrario.
Estas Cámaras Agrarias así creadas se subrogaron, en sus respectivos ámbitos territoriales, en la titularidad de los bienes que hasta aquel entonces constituía el patrimonio de sus antecesoras las Hermandades Locales de Labradores y Ganaderos, las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias y la Hermandad Nacional, constituyéndose al amparo de criterios de ordenación social y, esencialmente, para la consulta y colaboración con la Administración.
La Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias, reguló las normas básicas aplicables a estas Corporaciones de Derecho Público.
El Decreto 161/1994, de 29 de julio, del Gobierno Valenciano, establece el procedimiento para la liquidación de las cámaras agrarias extinguidas y la atribución de su patrimonio.
En la disposición adicional indica: “La Generalitat Valenciana y los Ayuntamientos que resulten propietarios de antiguas sedes de cámaras agrarias locales, promovieran la inclusión de sus fondos documentales que en ellas puedan existir en el correspondiente censo, si reúnen los requisitos contemplados en los artículos 48 y siguientes de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español”.